EL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO

MATERIA AMPARO DIRECTO

Un correcto análisis al numeral 170 fracción II, de la Ley de Amparo.

Tratándose del juicio de amparo en la vía directa, el legislador federal introdujo ciertos requisitos de procedencia novedosos, a través del texto del artículo 170 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente:

“Artículo 170. El juicio de amparo directo procede:

I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.

Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley.

Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el  amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.

Para efectos de esta ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional;

II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.

En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo.”

De acuerdo con el precepto transcrito, en lo que a este estudio interesa, el juicio de amparo directo procede contra las sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.

Además, el numeral en comento establece que en los casos en que se reclame una sentencia que resultó favorable al quejoso, el juicio de garantías se tramitará, únicamente, si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contenciosa administrativa previsto en el artículo 104, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que el Tribunal Colegiado deberá resolver primero lo relativo al recurso de revisión de mérito, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se abocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo.

Señalado lo anterior, debe tomarse en cuenta el criterio emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de la contradicción de tesis 37/2003-PL, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de ese alto tribunal, en el sentido de que en el amparo directo el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, por lo que, puede omitirse el análisis de aquéllos que aunque resulten fundados no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieran a constitucionalidad de leyes, quedando al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados.

El criterio antes mencionado dio origen a la jurisprudencia P./J. 3/2005 publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, Novena Época, del rubro y texto:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUÉLLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De acuerdo con la técnica para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser declarado inconstitucional.”

De la jurisprudencia transcrita se advierte que el máximo Tribunal del País precisó que los efectos de la sentencia de amparo directo son distintos de acuerdo a la naturaleza del acto que dio origen al juicio. En ese sentido, sostuvo que:

a) La concesión del amparo por violaciones a las normas que rigen el procedimiento obliga a la autoridad responsable a dejar insubsistente la sentencia reclamada y a dictar otra en la que se ordene reponer el procedimiento hasta el momento en que ocurrió la violación acreditada, para que, después se continúe con el procedimiento respectivo hasta su conclusión, con el dictado de otra sentencia definitiva con plenitud de jurisdicción en la que se resuelva el hecho o acto sometido a su conocimiento;

b) Si se concede el amparo por violaciones de legalidad cometidas en la sentencia reclamada, la responsable debe dejarla insubsistente y pronunciar otra en el sentido que proceda pero que purgue los vicios determinados por el órgano de control de constitucionalidad; y

c) De resultar fundado el concepto de violación expresado respecto de la inconstitucionalidad de una ley, tratado o reglamento que se aplicó en el juicio relativo, la concesión del amparo implica que se le otorgue la protección constitucional de manera lisa y llana únicamente respecto del acto de aplicación, por lo que la autoridad responsable para dar cumplimiento a esa sentencia de amparo, deberá dejar insubsistente la resolución reclamada debiendo emitir un nuevo acto de autoridad, en el cual la ley, tratado o reglamento considerados inconstitucionales, no podrán volver a ser aplicados como fundamento.

En consonancia con lo anterior, el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en la parte que interesa:

Artículo 50. Las sentencias del Tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios.

Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia de la Sala deberá examinar primero aquéllos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en que forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución.

(…)

Del contenido de la norma transcrita se advierte, entre otros aspectos, la obligación de las salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de resolver la totalidad de las pretensiones deducidas de la demanda; sin embargo, en el evento de que se hagan valer diversas causas de nulidad, tendrán preferencia aquellas con que la parte actora pretenda obtener la declaratoria de nulidad lisa y llana de los actos administrativos impugnados.

Lo anterior, obedece a la intención del legislador de que las salas del referido órgano jurisdiccional estudien, primordialmente, los motivos que reporten mayor beneficio al promovente, pues en el caso de que alguno fuera fundado y suficiente para anular lisa y llanamente la resolución impugnada, resultaría innecesario emprender el examen de los restantes planteamientos, en razón de que el actor no podría obtener un provecho superior al ya alcanzado.