ANTECEDENTES

 

En el sexenio de nuestro expresidente Carlos Salinas de Gortari, (1988-1994) uno de sus más grandes orgullos fue el “Programa de Construcción de Autopistas” que consistía en poner en servicio 6,000 kilómetros de carreteras estilo primer mundo en seis años, por lo que el gobierno federal otorgó 52 concesiones a empresas privadas las cuales serían administradas hasta por 50 años y serían redituables por el cobro de peajes en los diferentes tramos concesionados.

 

Para que dicho proyecto carretero fuera costeable y los concesionarios pudieran recuperarse, se tuvo que marcar un peaje de cinco a diez veces más alto de lo que se cobraba en nuestro país vecino “Estados Unidos”.

 

Frente a esta situación resultó evidente que el volumen de tránsito vehicular no fue el esperado ya que los miles de ciudadanos preferían transitar por las carreteras libres que las concesionadas a pesar de que su trayecto podría ser el doble de tiempo.

 

Ante este rotundo fracaso en el año de 1997, nuestro también expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), creo el famoso “Rescate Carretero” comprando dichos activos al 40% de su valor y pagando con el denominado “Pagare de Indemnización Carretera” (PICs) a un plazo de 5, 10 y 15 años, dando creación al Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) y operado por (CAPUFE).

 

El costo del supuesto rescate carretero fue un fracaso millonario para el país dejando una gran deuda pública, la cual obligó al gobierno a imponer altos peajes a los usuarios de las redes carreteras del país y además legales, siendo dichos ingresos destinados no para el mantenimiento carretero sino para el pago del (FARAC), lo que nuevamente obligó a que nuestras carreteras fueran privatizadas pero ahora por concesionarios privados, políticos y funcionarios públicos, aprovechándose de los miles de usuarios que transitan a diario por ellas y por si fuera poco ahora fluctuando su peaje de acuerdo a los horarios pico de tránsito.

Ahora por si no lo sabias existen tres tipos de redes carreteras operadas por CAPUFE:

 

La Red Propia, que se integra con las autopistas y puentes que fueron concesionados a CAPUFE por el Gobierno Federal, a través de la SCT, para su operación, conservación, mantenimiento y explotación.

 

La Red Contratada, que consiste en las autopistas y puentes concesionados a terceros.

 

La Red FARAC (Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas).

 

Bueno, pues ahora ya sabes que gracias al gran proyecto carretero de Salinas de Gortari y años después a su gran rescate realizado por Ernesto Zedillo, fue que se privatizaron las carreteras, dejando una enorme deuda pública para el país y hoy en día un gran negocio para los concesionarios privados, políticos y funcionarios públicos.

 

Con independencia de lo anterior, recuerda que el gobierno federal está obligado a garantizarte vías alternas de caminos (Es decir una caseta de “cobro” y otra “libre” de cobro), por tanto será tu decisión que ruta elegir acorde a tu ingreso.

 

*EXCLUSIVO Para mi comunidad legal abogados y estudiantes.*

 

RESPUESTAS A LOS CASOS PRÁCTICOS

 

RESPUESTA AL CASO 1

 

Una vez, sentado lo anterior, entremos en materia de amparo.

 

El artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala:

 

“Art. 11.- Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

….”

 

Dicho numeral contempla la garantía de libre tránsito consagrada por el precepto transcrito y que se refiere al derecho que tiene «todo hombre», es decir, toda persona en cuanto ente individual, para entrar, salir, viajar y mudar su residencia en la República sin que para ello requiera de documentación alguna que así lo autorice, pero siempre refiriéndose al desplazamiento o movilización del individuo, sin hacer alusión en lo absoluto al medio de transporte, por tanto, ha de considerarse que la garantía del libre tránsito protege al individuo únicamente, no a los objetos o bienes en general, del mismo.

 

Pues así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis:

 

“VEHÍCULOS AUTOMOTORES QUE CIRCULAN EN EL DISTRITO FEDERAL Y LOS MUNICIPIOS DE SU ZONA CONURBADA. LOS ARTÍCULOS 7o., FRACCIÓN VIII, 32, FRACCIONES I Y II, Y 34, DEL REGLAMENTO DE LA LEY ECOLÓGICA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN GENERADA POR AQUELLOS, Y LOS ARTÍCULOS 48 Y 49, DEL REGLAMENTO DE TRANSITO DEL DISTRITO FEDERAL, NO SON VIOLATORIOS DE LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRÁNSITO. Los ordenamientos legales invocados no vulneran la garantía de libre tránsito contenida en el artículo 11 constitucional, pues aun cuando establecen restricciones a la circulación de vehículos automotores en el Distrito Federal y su zona conurbada, ello no implica que se esté coartando al gobernado la posibilidad de transitar libremente por el territorio nacional, incluyendo el área especificada, habida cuenta que la garantía individual que consagra la norma constitucional supracitada no consiste en el derecho al libre tránsito en automóvil, sino en el derecho que tiene «todo hombre», es decir, toda persona en cuanto ente individual, para entrar, salir, viajar y mudar su residencia en la República sin que para ello requiera de documentación alguna que así lo autorice, pero siempre refiriéndose al desplazamiento o movilización del individuo, sin hacer alusión en lo absoluto al medio de transporte, por tanto, ha de considerarse que la garantía del libre tránsito protege al individuo únicamente, no a los objetos o bienes en general, del mismo .»

 

Por tanto, si alguna vez has pensado en no pagar una caseta de cobro de nuestro país ejerciendo tu derecho al “Libre Tránsito”, inmerso en el artículo 11 de nuestro máximo ordenamiento, lamento decirte que serás acreedor a una sanción de 50 a 60 veces la unidad de cuenta, aunado a que tendrás que pagar el peaje eludido, lo anterior ya que el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, en su artículo 107, así lo prevé.

 

RESPUESTA AL CASO 2 Y 3

Ahora, por otra parte, el artículo 30, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federales, señala lo siguientes:

 

Artículo 30. La Secretaría podrá otorgar concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, estados o municipios, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley; así como para mantener, conservar y explorar caminos federales construidos o adquiridos por cualquier título por el Gobierno Federal. En este último caso, las concesiones no podrán ser por plazos mayores a 20 años. La Secretaría garantizará, cuando haya vías alternas, la operación de una libre de peaje”.

 

La interpretación literal del numeral en cita, pone en conocimiento que es verdad que la Secretaría para mantener, conservar y explorar caminos federales construidos o adquiridos por cualquier título por el Gobierno Federal, debe garantizar una vía libre de peaje; empero, tal obligación será únicamente procedente “cuando haya vías alternas” de comunicación; es decir, cuando coexistan dos o más vías que permitan el traslado de las personas a determinado lugar. (Es decir una caseta de cobro y otra “libre” de cobro).

 

Respecto a este caso, si en tu estado, población o comunidad, se obstruyera una vía con el objetivo del cobro de peaje y fuera la única ruta de acceso, es evidente que generaría un acto de molestia a una colectividad, desde el inicio de su proyecto, construcción y cobro de peaje, motivo por el cual sí resultaría procedente la acción de amparo previos requisitos para instarlo, tales como comprobar el “interés jurídico/legitimo”, debiendo demostrarse de manera fehaciente, el acto jurídico generador de la posesión que se defiende y que los quejosos son titulares actuales del bien jurídico.

 

Por otro lado, el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal establece que la federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los estados y municipios en donde existan puentes de peaje operados por la primera, podrán convenir en crear fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubiquen dichos puentes o, en su caso, a la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión, de impacto regional directamente en la zona donde se encuentre el cobro del peaje; caso de “LA RUMOROSA” en Baja California.

 

En la práctica jurídica, este tipo de amparos son poco comunes y si bien prosperan en base a la seguridad jurídica y garantía de audiencia, también son sobreseídos al no acreditar correctamente su interés legítimo/jurídico.

 

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