APARIENCIA DEL BUEN DERECHO

En efecto, en principio, es de relevancia señalar que el artículo 138 de la Ley de Amparo, imponen la obligación de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y de la no afectación al interés social, a efecto de pronunciarse sobre la suspensión de actos.

En esas condiciones, como se desprende de los requisitos exigidos por el artículo 138 de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, existe un presupuesto que debe observar el Juzgador para decidir respecto del otorgamiento de la medida suspensional, el cual consiste en “la apariencia del buen derecho”, el cual se basa en tener un conocimiento somero para llegar a una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho a cargo del quejoso.

Así se debe atender al examen de la naturaleza de la violación alegada, considerando sus características y su trascendencia para determinar la aparente inconstitucionalidad del acto reclamado.

En efecto, la correcta interpretación que debe darse al razonamiento señalado, consiste en que el Juzgador debe analizar en su integridad el acto reclamado, así como todos los medios de convicción que hayan sido aportados por la parte quejosa, con objeto de determinar la aparente inconstitucionalidad del acto que se reclama.

En este sentido, cabe señalar que son dos los extremos que hay que acreditar para obtener la medida cautelar: primero, la apariencia de un buen derecho, y segundo, la no afectación al interés social.

La apariencia del buen derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión infundada, temeraria y cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto a la existencia del derecho discutido en el proceso; mientras que, la no afectación al interés social consiste en el no agravio al beneficio, utilidad, valor, importancia, conveniencia, trascendencia o bien para la comunidad o sociedad.

Lo anterior, encuentra sustento en la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que para conceder la suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que lleva consigo realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho que estima la promovente le asiste, con la finalidad de mantener viva la materia del asunto y evitar daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa, si con ello no se afecte al interés social y orden público, lo que puede establecerse, en la especie, con las tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, publicada en la página 473, Tomo XIII, Marzo de 1994 en el Semanario Judicial de la Federación y la Jurisprudencia P./J. 15/96, publicada en la página 16, Tomo III, Abril de 1996 del Semanario Judicial de la Federación cuyos rubros son: “SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS PROCEDE CONCEDERLA, SI EL JUZGADOR DE AMPARO SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, CONSIDERA QUE LOS ACTOS SON APARENTEMENTE INCONSTITUCIONALES” y “SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO ”

Al respecto debe decirse que si toda medida cautelar descansa en los principios de la verosimilitud o apariencia del derecho y el peligro en la demora, entonces nada impide que ante un acto de autoridad que se prolonga en el tiempo, pueda el Juez de Distrito analizar esos elementos y si la provisión cautelar, como mera suspensión, es ineficaz, debe dictar medidas que implican no una restitución, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado, para resolverlo posteriormente en forma definitiva y, permitir, mientras tanto, el desarrollo de ciertas conductas por parte del gobernado, que si se le impidieran ocasionarían perjuicio a él y, algunas veces, a terceros. (caso del trabajador de Pemex)

Como criterio orientador es aplicable, insertó la tesis número I.6o.C.37 K, visible en la página setecientos treinta y siete, del tomo VI, del mes de septiembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época; cuyo rubro y texto, indican:

«SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SU FINALIDAD ES LA DE PRESERVAR LOS DERECHOS O INTERESES SUBJETIVOS DEL QUEJOSO. La suspensión es una medida cautelar o conservativa de una situación ya existente que tiene como finalidad evitar que ésta se altere, ya sea con la ejecución de los actos reclamados, o bien, por sus efectos y consecuencias, deduciéndose de ello que la medida cautelar en el juicio de garantías no crea derechos o intereses subjetivos en beneficio del quejoso, sino que únicamente los preserva en cuanto a que no se afecten por la ejecución de los actos reclamados, con independencia de que los mismos sean o no inconstitucionales.»

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